domingo 15 de noviembre de 2009

Crisis sanitaria, privatización y calidad de los servicios.

Una de las conclusiones de las Jornadas celebradas en septiembre del 2009 en Madrid sobre "crisis global y salud" organizadas por la FADSP , fue que la crisis económica está acelerando el proceso de privatización de la gestión y/o de la prestación de los servicios sanitarios públicos en toda Europa. El incremento de la demanda de servicios sociosanitarios que la crisis provoca, junto a la reducción del presupuesto público, son los argumentos para entregar parcelas de la sanidad pública a empresas con ánimo de lucro, justificándolo en una mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios.
Nuestra Región no está ajena a estos movimientos. El anuncio de concurso público para el estudio del tipo de gestión del hospital y de la atención primaria de Mazarrón-Aguilas(?), la privatización de todo el almacén del Servicio Murciano de Salud (SMS) o la creación de la empresa GISCARMSA, son prueba de ello. Además en Murcia, la carencia de unos planes y objetivos en política sanitaria, sólidos y creíbles, son el mejor caldo de cultivo para que crezcan de forma desordenada estas iniciativas privatizadoras (Ver tribuna del periódico la Opinión del 14 de Noviembre).

Hace unos meses la revista BMJ publicaba una revisión sistemática sobre estudios que comparaban la calidad de la atención sanitaria recibida por enfermos crónicos en centros públicos con la de centros privados [Quality of care for profit and not for profit nursing homes, 2009, vol. 339] . La revisión incluyó 82 estudios de investigación que analizan en EEUU la calidad de la asistencia sanitaria proveída en centros sanitarios estadounidenses de atención a enfermedades crónicas, personas con discapacidades graves y pacientes convalecientes (en inglés, nursing homes).

Las conclusiones de este estudio, de acuerdo con Vicente Navarro, son claras y contundentes: " En general, la calidad de los servicios médicos proveídos por las instituciones con afán de lucro es menor que la proveída por las instituciones sin afán de lucro. Entre otros muchos indicadores de calidad estudiados se incluían: 1) las cualificaciones del personal de las instituciones; 2) el número de complicaciones en el tratamiento clínico; 3) utilización de medidas que restringían la movilidad de los pacientes (como sobredosis de calmantes) que disminuyesen sus exigencias de atención; y 4) violaciones de las normativas gubernamentales para garantizar la calidad de los servicios. En cada uno de estos indicadores de calidad, las instituciones con afán de lucro estaban muy por detrás de las instituciones públicas". .."La importancia de estos estudios recae en que refuerzan la evidencia acumulada en la literatura científica, que el afán de lucro en medicina entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios. La supuesta mayor eficiencia del sector privado comercial se basa en medidas como el ahorro en personal cualificado (tienen menos personal cualificado, como enfermeras, y tienen más personal con menor cualificcación), hecho que claramente daña la calidad de la atención médica.".. . "El afán de lucro no encaja con unos servicios cuyo objetivo debiera ser siempre servir a los pacientes, anteponiendo este objetivo al de optimizar los ingresos para conseguir mayores dividendos a los accionistas o para pagar mejor a los gestores. "

¿No sería oportuno que antes de entregar el Servicio Murciano de Salud(SMS) los 181.000 € a la consultora para analizar las diversas fórmulas de gestión posibles para las zonas de salud de Águilas y de Mazarrón, se leyeran el Gerente y los Directores Generales del SMS ésta y otras revisiones sistemáticas similares? ¿No ganaríamos así todos los murcianos?

3 comentarios:

Pepe Momia dijo...

A mi, lo que más me llama la atención siempre que se plantean estos temas es la "externalicación" de la propia consulta sobre el modelo de gestión idoneo. Primero porque dudo que un "experto" (sobre todo si es juez y parte) pueda resolver, por sí mismo y desde su perspectiva reduccionista de "experto", el problema (porque creo que aquí juega -debe jugar- la política: un ámbito mucho mayor y más complejo que la economía). Y, segundo, porque el hecho de tener que contratar con una "consultora" este tipo de temas me hace dudar (de la competencia) de las (nuestras) propias agencias públicas que podrían abordar la cuestión. ¿Qué pensarían ellos si yo, para evaluar cómo debo actuar ante un paciente, tuviera que consultar con un médico de fuera del sistema? Pensarían que soy un incompetente, o que el sistema público está mal preparado para el problema del paciente que estoy consultando. Porque la nuestra es una organización que gestiona conocimiento ¿no era eso?.

(perdón por el rollo; la guardia del sábado aún me tiene espeso)

MAbel dijo...

En estos debates sobran lugares comunes y faltan argumentos. Tan culpable es la derecha que maquilla su falta de confianza en la sanidad pública con discursos políticamente correctos (de izquierdas!) mientras sueñan con una gestion privada del "negocio" como la izquierda que se conforma con defender genericamente lo que hay, una sanidad pública infectada de intereses privados (no hay accionistas pero casi: intereses profesional-corporativos, tecnológico-industriales, político-sindicales e incluso religiosos) no declarados y que campan a sus anchas. La mejor defensa es un ataque: los defensores de la sanidad pública hemos de ser los primeros en criticar y evaluar objetivamente su actual funcionamiento (que es manifiestamente mejorable). Y, por supuesto, todo mi apoyo al autor (mi comentario es más bien autocrítico)

JASánchez dijo...

Totalmente de acuerdo en que la mejor defensa del sistema sanitario público es trabajar cada uno desde su posición, con la mayor profesionalidad y eficiencia posible, y evaluar el actual funcionamiento del sistema señalando aspectos que serían mejorables. Sin embargo hay contextos y momentos en los que considero que no se puede permanecer callado; en los que los profesionales sanitarios estamos obligados a señalar que se comete un despilfarro cuando se entrega dinero público a una consultora por realizar un estudio cuyas conclusiones son ya conocidas y que es preciso analizar los efectos perversos que se introducen al incorporar la gestión privada en los centros públicos.

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